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Entre las numerosas consecuencias (presuntamente) imprevistas de la “guerra contra las drogas” figura el bien documentado –y significativo— incremento de la población carcelaria en muchos países debido a delitos relacionados con drogas. A lo largo del continente, las cárceles están abarrotadas, y la fuerza que impulsa el hacinamiento reside en la legislación severa contra las drogas. Estudios muestran que muchos de quienes están arrestados o encarcelados por delitos de drogas han cometido infracciones menores no violentas, o han sido simplemente acusados por posesión de drogas.

Los tribunales de tratamiento de drogas en los Estados Unidos se presentan como una alternativa al encarcelamiento de personas arrestadas por infracciones menores relacionadas con drogas en jurisdicciones donde el consumo de drogas es considerado una causa subyacente de la delincuencia y, de esta manera, operan teóricamente como instrumentos para reducir la población en cárceles y prisiones. Los Estados Unidos cuentan con cerca de tres décadas de experiencia con estos tribunales, los cuales se han difundido en sus 50 estados, así como en los territorios de los EE.UU.

Muchos países en todo el mundo han considerado a la experiencia estadounidense de los tribunales de tratamiento de drogas como un modelo a adoptar, y el gobierno de este país también los ha promovido en el exterior como una alternativa al encarcelamiento. Quizá los esfuerzos más organizados para expandir estas políticas se encuentran actualmente en marcha en América Latina y el Caribe. La considerable influencia de los Estados Unidos sobre las políticas para el control de drogas en la región ciertamente ha alentado a muchos de estos países a considerar los tribunales de tratamiento de drogas como una alternativa, y el número creciente de países que los implementan indica que estas iniciativas vienen arremetiendo allí con furor.

Quienes proponen el modelo de los tribunales de tratamiento de drogas aseveran que éstos resultan efectivos en función de costos; que reducen la reincidencia así como el tiempo de detención (en prisiones o cárceles); y que ofrecen tratamiento de drogas como una alternativa al encarcelamiento de personas cuyo consumo de estas sustancias impulsa sus actividades delictivas. Para evaluar tales aseveraciones, este informe analiza los hallazgos clave de la experiencia en los Estados Unidos que, pese a considerables diferencias institucionales, legales y culturales, pueden ser de utilidad para informar debates sobre los tribunales de tratamiento de drogas, junto con otras alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas, en otros países — particularmente, en países de América Latina y el Caribe que han establecido o están considerando establecer tribunales de tratamiento de drogas. Este informe presenta asimismo una breve visión general sobre dónde y cómo se han implementado tribunales de tratamiento de drogas en América Latina y el Caribe para identificar, en la medida de lo posible, las diferentes experiencias y retos que enfrentan estos países.

Hallazgos seleccionados

Las lecciones primordiales aprendidas de la experiencia de los tribunales de tratamiento de drogas en los EE.UU. que otros países en las Américas deben considerar al contemplar este modelo son las siguientes:

Los tribunales de tratamiento de drogas no son una alternativa al encarcelamiento:

• Los acusados siguen inmersos en procedimientos penales a lo largo de cada etapa del programa de tribunales de tratamiento de drogas, en riesgo de ser encarcelados tanto como sanción mientras están en el programa como en caso de no culminarlo con éxito y, en algunos casos, permanecen tras las rejas más tiempo del que les correspondería si hubieran optado por seguir los procedimientos de justicia penal en lugar del tribunal de tratamiento de drogas.

Los tribunales de tratamiento de drogas pueden incrementar el número de personas bajo supervisión del sistema de justicia penal de las siguientes maneras:

• Al exigirles que se declaren culpables como condición para acceder al tribunal de tratamiento de drogas.
• Al procesar infracciones discrecionales que la policía podría no aplicar, si los tribunales de tratamiento de drogas no existiesen como una opción.
• Al ofrecer tratamiento a través del sistema de justicia penal.

Los tribunales de tratamiento de drogas no constituyen una intervención de salud basada en derechos:

• Los jueces que presiden los tribunales de tratamiento de drogas tienen control sobre decisiones de tratamiento para los participantes del programa, ordenando en algunos casos tratamientos que no corresponden a prácticas médicas aceptadas.
• Los participantes que no culminan con éxito el tratamiento estipulado por los tribunales de tratamiento de drogas corren el riesgo de ser encarcelados y enfrentan una abrupta interrupción del tratamiento y otros riesgos de salud relacionados con el encarcelamiento.
• El acceso al tratamiento se produce a expensas de la renuncia a derechos legales y humanos fundamentales.

Los tribunales de tratamiento de drogas pueden perpetuar sesgos raciales en el sistema de justicia penal:

• Los tribunales de tratamiento de drogas señalan la dependencia a las drogas como el factor que coloca a las personas en riesgo de involucrarse en el sistema de justicia penal, ignorando el sesgo racial presente en el patrullaje policial y el procesamiento judicial relacionados con las drogas en los Estados Unidos, que coloca a los afro-estadounidenses y latinos bajo supervisión de la justicia penal a largo plazo en tasas mucho mayores que las correspondientes a sus conciudadanos caucásicos.

Algunos de los principales hallazgos de este informe sobre tribunales de tratamiento de drogas en América Latina son los siguientes:

• En términos generales, en casi todos los países estudiados en América Latina hace falta información detallada y actualizada, y son escasas las evaluaciones independientes.
• El modelo se encuentra más avanzado en tres países (Chile, México y Costa Rica) y está en una fase piloto en otros cuatro (Argentina, Panamá, República Dominicana y Colombia). Ecuador y el Perú también están considerando establecer tribunales de tratamiento de drogas.
• Muchos programas conllevan severas penalidades como sanciones durante el curso del tratamiento.
• En contraste con la experiencia estadounidense, pocos participantes concluyen con éxito el programa de tribunales de tratamiento de drogas en América Latina.
• Los tribunales de tratamiento de drogas en la región se ocupan más comúnmente de delitos contra la propiedad, violencia doméstica y posesión de drogas. Basándonos en la información disponible, la posesión simple es uno de los delitos más frecuentes en los programas de tribunales de tratamiento de drogas que incluyen delitos relacionados con drogas (los que operan en Chile, República Dominicana, México y Panamá).
• Al igual que en los Estados Unidos, los programas de tribunales de tratamiento de drogas en América Latina típicamente requieren que los participantes se abstengan de consumir drogas durante el tratamiento, y en ocasiones los sancionan cuando presentan resultados positivos a pruebas para detección de consumo.
• La mayoría de los países carecen claramente de capacidad para brindar un tratamiento adecuado a todos los participantes en los programas.

Algunos de los principales hallazgos de este informe sobre tribunales de tratamiento de drogas en el Caribe anglófono son los siguientes:

• Al igual que en América Latina, se carece de datos detallados y actualizados para casi todos los países estudiados en el Caribe, y no se han realizado evaluaciones independientes de los tribunales de tratamiento de drogas en estos países. La información disponible proviene mayormente de fuentes gubernamentales.
• El modelo de tribunal de tratamiento de drogas se encuentra más avanzado en tres países (las Bermudas, Jamaica y las Islas Caimán) y en fase inicial en otros tres (Trinidad y Tobago, Barbados y Belice). Parece haber interés por establecer tribunales de tratamiento de drogas en las Bahamas.
• La información disponible sugiere que pocos participantes concluyen exitosamente los programas de los tribunales de tratamiento de drogas en el Caribe.
• Los tribunales de tratamiento de drogas en la región típicamente se ocupan de delitos contra la propiedad y posesión de drogas. Basándose en la información disponible, la posesión simple de drogas es uno de los delitos más frecuentes en programas de tribunales de tratamiento de drogas que incluyen delitos relacionados con drogas.
• Muchos programas conllevan penalidades severas como sanciones durante el curso del tratamiento.
• La participación en los tribunales de tratamiento de drogas en el Caribe típicamente requiere que los participantes se abstengan de consumir drogas y que se sometan a pruebas de detección de consumo para verificar el cumplimiento de este requisito, imponiéndose sanciones por resultados positivos a las pruebas.
• Es escasa la información sobre estándares de tratamiento y opciones disponibles, pero nuestra investigación sugiere que la mayoría de los países en la región carecen de capacidad para brindar un tratamiento adecuado a todos los participantes de los programas.

Recomendaciones

Cualquier intento serio para ofrecer una alternativa efectiva al encarcelamiento debe empezar por la descriminalización del consumo de drogas y de la posesión de estas sustancias para consumo personal. Al eliminar el temor al arresto, se facilitará el acceso a tratamiento voluntario. Hasta que ello ocurra, los gobiernos deben tomar medidas para asegurar que la dependencia sea tratada como un tema de salud pública y no como un asunto penal, y para minimizar el impacto del sistema de justicia penal y de la discriminación que enfrentan las personas que presentan arrestos o condenas relacionados con drogas. En el informe recomendamos enfoques de salud hacia el consumo y dependencia a las drogas así como enfoques alternativos a la intervención del sistema de justicia penal que pueden ayudar a los países a avanzar hacia estas metas.

En países donde los tribunales de tratamiento de drogas ya se encuentran establecidos e integrados en el sistema legal, también recomendamos que cambios en las áreas de marco legal, provisión de tratamiento, mitigación de daños potenciales, garantía de derechos fundamentales, y monitoreo y evaluación deben ser considerados para mitigar las consecuencias negativas imprevistas como resultado de su operación.

Para obtener más información, lea el informe aquí.

Cita Sugerida

Programa Drogas, Seguridad y Democracia. Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas. Nueva York: Social Science Research Council, octubre de 2018.